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2 resultados encontrados para: AUTOR: Bitrán, Daniel
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Colima fue, sin duda, de los tres Estados afectados por el sismo del 21 de enero último, el que recibió, por mucho, el mayor impacto socioeconómico. El total de daños directos e indirectos en dicho Estado ascendió a poco más de 1,000 millones de pesos. Este monto representó algo más del 3% del producto interno bruto del Estado del año 2002, una de las proporciones más elevadas provocadas por un fenómeno natural en cualquier Estado de la República Mexicana en años recientes. La vivienda fue el sector que recibió el mayor impacto con más de 25 mil unidades afectadas, con pérdidas estimadas en 298 millones de pesos (27.7%) del monto total de pérdidas causadas por el desastre. Le siguieron en importancia los daños en el comercio y los servicios, particularmente los pequeños establecimientos aledaños a las viviendas que, en conjunto, presentaron pérdidas tanto en infraestructura física como en existencias por 127 millones de pesos.

La industria, incluida la agroindustria superó los 56 millones de pesos. En conjunto, los sectores productivos, excluida la agricultura, tuvieron pérdidas que superaron los 205 millones de pesos. 2 En la agricultura las 2 Las cifras anteriores corresponden a las solicitudes de apoyo relacionadas con los efectos del sismo presentadas por los propietarios de los distintos establecimientos. Pérdidas fueron más bien moderadas, principalmente daños en los sistemas de riego, las que en conjunto con las pérdidas en la producción ascendieron a 38.9 millones de pesos. Pérdidas relativamente cuantiosas se registraron en materia de suministro eléctrico (casi 111 millones de pesos), en edificios públicos y monumentos históricos, particularmente en infraestructura religiosa (42 y 114 millones de pesos, respectivamente).

Los daños en comunicaciones y transportes fueron de casi 70 millones de pesos, muy influidos por los que se registraron en el puerto de Manzanillo, ya que los que ocurrieron en las carreteras fueron más bien moderados. En materia de infraestructura educativa se recibieron daños, si bien más bien moderados, que afectaron 387 escuelas, la mayoría en el municipio de Colima, así como ciertos daños de consideración en la Universidad de Colima. Las reparaciones, valuadas al costo de reposición, tuvieron un monto de 133.6 millones de pesos. En materia de infraestructura de salud, los mayores daños se concentraron en uno de los dos hospitales con los que cuenta el ISSSTE en el Estado, que tuvo que ser desalojado ya que el inmueble quedó inhabilitado. También sufrieron daños de cierta consideración tres hospitales del IMSS.

En total los daños directos y los efectos indirectos en este sector ascendieron a 48.3 millones de pesos. Los recursos solicitados al Fondo de Desastres Naturales para atender las necesidades de la reconstrucción ascendieron a 514.9 millones de pesos. Este monto es mucho menor que el de las pérdidas efectivas estimadas en este informe para el conjunto de la economía estatal; sin embargo, guarda relación con los principales sectores que registraron daños, a excepción de los que recibió la actividad productiva privada, cuya atención escapa de las reglas del FONDEN. En efecto, sobresalen por su importancia los recursos solicitados por la Secretaría de Educación Pública, la SEDESOL, básicamente para apoyar a la vivienda afectada y también al sector transporte y comunicaciones para la reparación del puerto de Manzanillo.


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Características del impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México, en el período 1980-99 / Daniel Bitrán Bitrán
Bitrán Bitrán, Daniel ;
México : Sistema Nacional de Protección Civil :: Coordinación General de Protección Civil :: Centro Nacional de Prevención de Desastres , 2000
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El presente trabajo deriva de las actividades que viene realizando el CENAPRED a partir de 1999 orientadas a evaluar las repercusiones de los desastres en la economía y sociedad de las regiones afectadas y su impacto en la economía nacional. Esta actividad permitirá, una vez consolidada, contar con un registro histórico sistemático de la ocurrencia de desastres y de sus correspondientes efectos. Ello podrá aportar elementos de juicio a las autoridades para una acertada asignación de los recursos necesarios para atenderlos, tomando en cuenta los riesgos a que históricamente han estado expuestas las diferentes regiones del país. Estas evaluaciones permitirán así mismo estimar localmente los costos necesarios para que en el proceso de reconstrucción se contemplen las obras necesarias para hacer menos vulnerable su infraestructura económica y social frente a futuros desastres. Una valuación certera de los daños permitirá, en fin, disponer de una sustentación idónea para el desarrollo de programas futuros orientados a la reducción de desastres. Para ello es menester avanzar también en el diseño de procedimientos estandarizados de medición, El presente documento persigue apreciar la magnitud de los efectos económicos de los fenómenos naturales que han azotado al país durante los últimos 20 años, incluyendo cuando fue posible, una visión para un plazo mayor.

Esta tarea no ha sido fácil, tanto por la inexistencia en el país de un registro sistemático de la ocurrencia de los desastres en cuanto a su impacto en la economía y sociedad de las regiones afectadas. Si bien, por las razones anteriores, es difícil realizar una evaluación al poco tiempo de ocurrido un desastre, más difícil aún resulta el intento de calcular sus efectos éstos cuando ya ha transcurrido un prolongado lapso de tiempo desde su ocurrencia, problema que tuvo que enfrentarse para la elaboración de este documento. A ello se agrega el hecho de que no existen todavía las bases de una metodología de aceptación general para la evaluación de los daños. En la medida de lo posible, se ha utilizado en este estudio la metodología desarrollada para la evaluación del impacto socioeconómico de los desastres naturales por la Comisión Económica para América de las Naciones Unidas El CENAPRED dispone, a partir de su creación en 1986, de información sobre los diferentes desastres naturales que han ocurrido en México con énfasis en la descripción las características físicas de los mismos y de su radio de influencia. Ha elaborado, asimismo, un Atlas Nacional de Riesgos.

La información que permitiría una evaluación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales si existe, se halla dispersa en diferentes dependencias del gobierno u oficinas locales y no mide ni siquiera las repercusiones más sobresalientes de los mismos. En el mejor de los casos presenta datos acerca del número de víctimas y de los daños directos ocasionados; particularmente, los que tienen que ver con infraestructura y viviendas destruidas. Prácticamente no existen datos sobre las pérdidas en la producción de bienes y servicios derivadas de la destrucción de la capacidad productiva por efecto de los desastres ni sobre los mayores costos en que debe incurrir la economía local por la interrupción de vías de comunicación o la destrucción de infraestructura social y de salud. Menos aún se ha estimado el impacto de los desastres sobre los agregados macroeconómicos -crecimiento económico, balance de pagos, inflación, etc.- salvo en el caso del sismo de 1985 en el que por su magnitud y la presencia de especialistas en diversos ámbitos del manejo de desastres, se realizaron esfuerzos en este sentido, por lo que se llegó a una evaluación más amplia y confiable.